Santo Domingo. El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, pidió al pleno de la Cámara de Diputados que rechace las conclusiones de la Comisión de Justicia sobre el tema del aborto, y les recordó que las mujeres también votan.
Ante la exclusión de dos de las tres causales para la despenalización del aborto en el Código Penal por parte de la citada comisión, el funcionario opinó que el país está en el momento de elegir entre una legislación feudal y una moderna «que represente las aspiraciones del pueblo y la sociedad, y que apoye su vocación de futuro».
Terrero dijo que en la discusión del Código Penal está en juego el derecho de la mujer dominicana y afirmó que «los diputados deben entender que el aborto no es un delito sino el resultado de una problemática social», indicó.
«Que no olviden los legisladores que decidirán la suerte de la mujer dominicana, que ellas también votan, y que son mayoría», advirtió.
Precisó que el aborto inseguro provoca entre 14 y 16 por ciento de las muertes maternas en el país, una de las naciones «más afectadas por la mortalidad materna y los embarazos en adolescentes y otros problemas de salud, junto a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Surinam.»
Terrero sostuvo que los cinco países donde el aborto fue convertido en delito tienen los peores indicadores de salud y las más altas tasas de fecundidad, mientras que los países que han despenalizado la interrupción del embarazo tienen los mejores indicadores de salud materna y reproductiva.
Observó, asimismo, que hay una relación directa entre ese tipo de legislaciones, la presencia de la iglesia, la pobreza y los peores indicadores de salud.
Terrero pidió al pleno de la Cámara de Diputados que enmiende lo que calificó de «error histórico» de la Comisión de Justicia, y que acoja las recomendaciones formuladas en 2016 por el Presidente de la República, Danilo Medina al proyecto de modificación del Código Penal.
Esto supone la despenalización del aborto por tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer por malformaciones del feto, y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto.
Para que las políticas para mejorar la salud de la mujer sean efectivas hay que contar con una plataforma legal adecuada, y los legisladores «quieren imponer un Código Penal feudal, que hará más daño que bien a la lucha por resolver la problema que afecta a la mujer», añadió.
Decenas de organizaciones están exhortando a los disputados a rechazar la propuesta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentada la semana pasada. EFE
