Santo Domingo, Organizaciones de la sociedad civil exigieron hoy de las autoridades esclarecer si el PLD supuestamente recibió fondos de Odebrecht, a través de dos empresas del publicista brasileño Joao Santana como afirman, aseguraron, ejecutivos de la constructora ante instancias judiciales de Brasil.
De acuerdo a esas entidades, las empresas supuestamente propiedad de Santana son «Polis Caribe, SRL» y «CINE & ART 2013, SRL». El publicista fue uno de creativos de la campaña del presidente Danilo Medina para las elecciones generales de 2016.
El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ.; Participación Ciudadana; Centro Juan XXIII; Foro Ciudadano; Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos, y la Acción Comunitaria por el Progreso (Acopro), se pronunciaron así desde el campamento que Marcha Verde mantiene desde el pasado viernes frente a la Procuraduría General de la República.
De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos, expresó el grupo de organizaciones.
«La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas», dijeron a través de un documento enviado a Efe.
Consideraron que si los hechos que denuncian son ciertos, «estamos frente a un ultraje a la soberanía nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana».
Aseguraron que los breves estados financieros «presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas».
Recuerdan que la ley electoral resulta «clara y reiterativa» en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.
Las organizaciones dijeron no confiar en el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y activismo político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez.
En ese sentido, afirman que ese activismo entra en contradicción con el principio de apoliticidad del artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público 133-11, que establece que «ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines»
Las organizaciones esperan contar con el «respaldo decidido» de todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como una evidencia más de la «invariable determinación» de poner fin a la «era de la impunidad en vista de que urge un cambio radical que nos ayude construir esperanza en la República Dominicana».EFE
